El enriquecimiento injusto, también denominado enriquecimiento sin causa o enriquecimiento injustificado es un principio general del Derecho establecido en casi todos los ordenamiento jurídicos que prohíbe que una persona se enriquezca injustamente en perjuicio de otra.[1]
Cuando se produce una atribución o desplazamiento patrimonial en una persona debe estar sustentado en alguna razón de ser que el ordenamiento jurídico considere suficiente. En caso contrario nace una acción a favor de quien se ha visto empobrecido como consecuencia de tal atribución, que va dirigida a reclamar la restitución del valor del enriquecimiento.
El concepto jurídico del enriquecimiento injusto plantea controversia en relación con su denominación, origen y aplicación práctica, lo que pone de manifiesto la falta de delimitación del mismo. Y es que el enriquecimiento injusto es un principio general del Derecho que se reconoce de manera implícita o explícitamente en la mayoría de los ordenamientos jurídicos y sus funciones son las propias de todo principio general, sobresaliendo la de informar el ordenamiento jurídico y su aplicación.[2]
La doctrina y la jurisprudencia han establecido los elementos que deben concurrir para poder interponer una acción por enriquecimiento injusto:
La figura del enriquecimiento injusto es propia tanto del Derecho privado como público y se puede hablar así del enriquecimiento injusto de la Administración en sectores tan dispares como el Derecho administrativo o el Derecho financiero y tributario. La institución jurídica del «enriquecimiento sin causa», propia del Derecho civil patrimonial, intenta evitar o corregir en su caso las transferencias patrimoniales injustas.
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